El Programa de Subvenciones para la Ciberseguridad Estatal y Local (SLCGP) es una iniciativa crucial para abordar los desafíos cibernéticos que enfrentan los gobiernos estatales y locales en Estados Unidos. Aunque México tiene un marco regulatorio y de ciberseguridad diferente, la inversión en resiliencia cibernética es un tema relevante en todo el mundo. El SLCGP ofrece un fondo de mil millones de dólares para fortalecer la ciberresiliencia en un período de cuatro años. Esto resalta la importancia de la preparación y la protección contra amenazas cibernéticas en la infraestructura crítica.

Demostrando la urgencia de la cuestión, todos los estados y territorios, excepto dos, solicitaron un recorte del tramo de 185 millones de dólares del primer año . El programa, administrado por la Agencia de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), está destinado a ayudar a los gobiernos estatales y locales a defenderse contra el ransomware y otros ataques cibernéticos que se han vuelto rutinarios.

CISA ofrecerá experiencia para guiar el proceso general y FEMA administrará las subvenciones y supervisará el proceso de asignación, según el comunicado del DHS. Los fondos se pueden utilizar para una variedad de inversiones en resiliencia cibernética, según el comunicado, incluyendo lo que llamó “planificación y ejercicio”, así como reclutamiento y pago de personal con experiencia cibernética.

En los últimos meses, los gobiernos estatales y locales han estado prácticamente bajo asedio, ya que los ataques de ransomware en particular han paralizado los servicios en comunidades de todos los tamaños.

Los ataques de ransomware han afectado a gobiernos estatales y locales en Estados Unidos, paralizando servicios esenciales. A pesar de las diferencias en la infraestructura y la escala de los gobiernos, México no está exento de este tipo de amenazas. Los ataques de ransomware son una preocupación global y deben abordarse con seriedad. La inversión en ciberresiliencia es esencial para garantizar la continuidad de los servicios gubernamentales y la protección de los datos sensibles de los ciudadanos.

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